«Convicción o nada», por Eduardo Navarro
Estamos próximos a un nuevo período de elecciones. Chile enfrenta una disyuntiva mucho más profunda que elegir entre opciones muy diversas en términos ideológicos. Desde lo que a uno le toca vivir en el sector privado, pareciera que el gran desafío que tiene esta empresa llamada país es construir una hoja de ruta para un desarrollo que trascienda y convoque a una gran mayoría. Y ese objetivo debe sostenerse en una afirmación básica, pero esencial: Chile es un país lleno de oportunidades. Lo que falta es convicción. Tenemos recursos naturales estratégicos y condiciones geográficas privilegiadas, un enorme talento humano y un sector privado pujante y creativo. Sin embargo, como ya se ha dicho en este espacio, hemos caído en la trampa del cortoplacismo, la fragmentación institucional, el exceso de ideologías y el conformismo, ese que nos ha restado ambiciones y metas. Exigirnos más significa elevar nuestras aspiraciones futuras, y alcanzarlas significa crecer. El tema del crecimiento económico, indispensable para enfrentar esas urgencias sociales que tenemos como sociedad, ha ido retomando el espacio de relevancia que nunca debió perder. Una de las consecuencias más directas del menor crecimiento se ha reflejado en el mercado laboral, donde lo importante no es colocarle adjetivos a su estado actual. Lo trascendental es que la tasa de desempleo roza el 9 %, en un contexto donde no se crean nuevos puestos de trabajo, aumenta el número de desalentados (personas que dejaron de buscar alguna plaza), con jóvenes y mujeres que porcentualmente siguen mostrando una mayor dificultad en su inserción laboral, el trabajo informal crece, y la irrupción de nuevos fenómenos, como la tensión que genera la transformación tecnológica —acelerada por la inteligencia artificial— implica un desafío ya no solo para la fuerza de trabajo de menor calificación. ¿Por qué hemos aceptado esto como normal? ¿Por qué no aspirar a una cifra significativamente menor de desempleo? Hace poco más de una década el desempleo rondaba el 6% y hoy el promedio de la OCDE no supera el 5%. Sin embargo, en Chile hemos perdido la ambición de recuperar esos niveles, conformándonos con celebrar cuando la tasa de desempleo cae unas pocas décimas. Tras estas cifras oficiales hay cerca de un millón de personas sin ocupación formal, con todo lo que ello significa para esas familias, sus proyectos de vida y su protección social. Fomentar la creación sostenible de empleos formales y dignos es no solo una tremenda urgencia social, sino que también una obligación moral. En este contexto, la buena política, esa que permita ir orientando y consensuando, tiene un papel irremplazable. Y por eso, en esta coyuntura electoral, resulta crucial que los liderazgos estén a la altura. La ciudadanía ha dado muestras de que se valoran los acuerdos que permitan avanzar. Las democracias en el mundo atraviesan una crisis de legitimidad, erosionadas por la falta de respuestas concretas y por el desprestigio de sus instituciones. Chile no es la excepción. Casos recientes que han afectado la imagen de las instituciones más diversas, en medio de la crisis de seguridad, no solo generan incertidumbre, sino que debilitan la cohesión social y la confianza por nuestro sistema. Es aquí donde se requiere liderazgo con sentido de Estado, es decir, que se trabaje en las soluciones de largo plazo en forma paralela a las medidas inmediatas, con la participación de múltiples actores sociales que le otorguen estabilidad en el tiempo a los consensos alcanzados. Pero no basta con hablar de crecimiento. Se necesita, además, impulsarlo con convicción. Y eso significa tomar decisiones que abran camino, incluso cuando el contexto es desafiante. Cómo no recordar, desde este grupo empresarial, el caso de autoridades que se han interesado por promover y facilitar iniciativas de inversión. En su oportunidad fueron las del estado de Michigan, en Estados Unidos, que buscaban liderar un ambicioso proceso de industrialización forestal, ya que pasaban los años y sus bosques crecían y necesitaban transformarse en valor. Ahí nace la planta de paneles que ARAUCO construyó en Grayling. O, más recientemente, las del estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, que han querido convertir esa zona en el “Valle de la Celulosa”, dando origen así, entre otros, al Proyecto Sucuriú, hoy en construcción. O cuando se escucha a las autoridades de municipios como Madrid y Bilbao señalar que ellas hacen todo por atraer inversiones y ganárselas a otras ciudades vecinas. Para ello, se requieren claras señales de cómo se valora el conocimiento y la capacidad empresarial. Autoridades que entiendan que el rol del mundo público incluye convocar a los privados y facilitar que ejerzan toda la magia de hacer empresa, convencidos del positivo impacto en bienestar, y sin descuidar, por cierto, el cumplimiento de los estándares normativos. Pareciera que en Chile estamos alejados de esta óptica, y todavía vemos muchos proyectos atrapados en un entramado de permisos, observaciones, demoras y procesos de judicialización que terminan por retrasar, en algunos casos impedir y, por cierto, desincentivar la inversión. ¿Por qué no pensar en un sistema que garantice la evaluación de permisos en un período mucho más corto y cierto? ¿Por qué no profesionalizar, digitalizar y simplificar, de una vez por todas, los procesos de tramitación? Necesitamos un Estado que acompañe, que facilite, que actúe como socio estratégico del crecimiento y del desarrollo. Hoy hay proyectos de inversión en infraestructura, minería y otras áreas, que suman varias decenas de miles de millones de dólares y que podrían destrabarse en la medida de que nuestra institucionalidad lo permita. En este contexto, cabe destacar que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó recientemente un documento con 50 propuestas concretas para impulsar el crecimiento económico, la inversión y el empleo en Chile, con ideas que abordan esta materia, así como la estabilidad tributaria y la eficiencia regulatoria. Necesitamos consensuar una mirada de futuro que permita definir un proyecto de país común, que ponga en el centro la educación de calidad, la cohesión social, la modernización institucional y la sostenibilidad ambiental, entre otras materias. Que reconozca nuestras fortalezas —como
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